jueves, 27 de mayo de 2010

Las FARC no son nuestro único problema

En Colombia la corrupción debería ser perseguida con la misma fuerza con la que se combate a las FARC o las otras organizaciones delincuenciales. Sin embargo en contra de los corruptos somos más permisivos, la razón es que ellos han permeado nuestra sociedad desde hace décadas y ahora están en cargos públicos o privados desde los cuales se sienten muy seguros.

Somos muchísimos los colombianos que queremos que de una vez por todas se castigue a políticos tradicionales de muy dudosa reputación a los cuales se les respeta y aún se les rinde pleitesía.

En un artículo que leí en Dinero.com, hacen referencia a el “Sisben” (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que es un mecanismo para cuantificar a las personas más necesitadas de nuestro país, para que el gobierno llegué a ellos con subsidios, salud, educación y muchos beneficios más, pero que por el obrar de personas que se aprovechaban de su debilidad operativa hicieron del “Sisben” un foco de corrupción grandísimo, llegando a estar vinculadas personas de extractos 4, 5 y 6 para los cuales definitivamente no iban los recursos destinados. En Colombia según este informe más de 3 millones de personas están inscritas a causa de movimientos fraudulentos, de las cuales más de 250.000 personas que declaran renta, individuos de estratos 4, 5 y 6 y beneficiarios con patrimonios que reflejan su plena solvencia económica. Esto ocurre como resultado de la compra de votos, accionar malintencionado de alcaldes para recibir mayores recursos de parte del Estado, entre otras, este es apenas uno de los ejemplos que me hacen debatir este tema de la corrupción.

Diariamente vemos como se llevan a cabo operativos en todo el país para acabar con las FARC, con las bandas de narcotraficantes, sicarios, etc., pero pocos operativos se realizan al interior de nuestra sociedad, que es en donde están los verdaderos enemigos del país los corruptos, el cáncer que se apodera de los recursos públicos y los desvía hacia cuentas personales, o para pagar favores políticos. A estas personas cuando se les comprueba un delito como este no se les debería dar ni la casa por cárcel ni darles garantías por ser personajes públicos, por el contrario de les debería retirar inmediatamente su investidura, ser expropiados de sus bienes y enviarlos a purgar penas muy largas como a cualquier delincuente común, sin privilegios.





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